En esta oportunidad, CODESELT, brinda a la comunidad un resumen de las Conclusiones obtenidas del Iº Congreso efectuado en el año 2014 en la Comisión de Servicios Públicos, Subcomisión de Agua Potable y Saneamiento.
“(…) La creciente demanda del servicio; un escenario natural más contaminado; un recurso escaso; la falta de inversiones en los últimos años; las tarifas desactualizadas; entre otros factores, definen un escenario con una problemática importante, que debe ser resuelta en conjunto, con el Estado presente para acompañar y promover al sector.
En primer lugar lo que afecta de manera directa al sector cooperativo es la falta de una normativa específica adecuada que sea aplicable en armonía con la Ley Nacional de Cooperativas Nº 20.337. Si bien la reforma constitucional de 1994 ratifica que los recursos naturales y los servicios que los contemplan no se encuentran delegados a la competencia federal y están en la orbita de las provincias, las disposiciones de orden nacional en la materia y la existencia de disparidad de criterios locales impactan fuertemente en el desempeño y la calidad del servicio (…)”.
“Asimismo, sería un aporte significativo la adaptación de la Ley Nº 11.220 a la realidad actual, ya que la misma fue dictada en medio de un proceso de desguace del Estado y privatización de elementales servicios públicos, mientras que hoy, en Santa Fe, coexisten una prestataria estatal que sirve a quince ciudades, que cuentan con más del 70% de la población santafesina, y por otra parte más de un centenar de Cooperativas que sirven a poblaciones del interior, todo lo cual implica un modelo de gestión muy distinto al de la década de los ´90 (…)”
Por otra parte, la falta de definición de una política de acueductos y de una regulación específica para el servicio de transporte de agua potable que contemple la participación cooperativa, agrava la situación, principalmente a la hora de las negociaciones para establecer la tarifa del servicio.
En relación con ello, existe un serio impedimento al pretender renovar las instalaciones afectadas a la prestación del servicio, en su gran mayoría obsoletas, debido a la imposibilidad, en estos últimos diez años, de incrementar las tarifas a los valores que hubiesen permitido contemplar dichas inversiones (…)”
“Con respecto al Ente Regulador, la falta de comprensión de las características y particularidades del sistema cooperativo, entorpece la posibilidad de una relación fluida con este organismo y la normal prestación del servicio (…)”.
Por todo lo expuesto, la Subcomisión de Agua Potable propone:
Desde los poderes públicos:
· Definir un código de Aguas que establezca claramente las pautas de manejo del recurso.
· Establecer un nuevo modelo de gestión y su consecuente marco legal de prestación de servicios públicos.
· Aprobar tarifas reales y disponer subsidios en igualdad de condiciones.
· Arbitrar los medios necesarios para aportar a las Cooperativas los recursos económicos que le permitan implementar posibles soluciones.
· Implementar planes estratégicos de desarrollo urbano.
· Definir un plan de desarrollo y marco regulatorio de acueductos.
· Integrar al sector cooperativo prestador del servicio de agua potable al ENRESS.
· Lograr una tarifa diferencial.
· Disponer que el ENRESS suspenda intimaciones y procesos sancionatorios a las Cooperativas.
Desde el movimiento cooperativo:
· Establecer un contacto permanente con los poderes públicos para la obtención de respuestas efectivas.
· Establecer canales de diálogo, a fin de armonizar marcos regulatorios.
· Solicitar que se intensifiquen los procesos de integración del Estado y el sector cooperativo en el desarrollo e implementación de nuevos sistemas de gestión de agua.
· Promover una amplia participación de los asociados.